El Gobierno impulsa una masiva desregulación económica por ley que afecta a múltiples sectores productivos y comerciales

El Poder Ejecutivo nacional comenzó a circular un vasto anteproyecto de ley de desregulación económica que propone reformas profundas y transversales en numerosos sectores de la actividad productiva y comercial del país. El texto, que representa uno de los avances más significativos en la materia durante la actual gestión, consta de más de cien artículos que modifican o derogan normativas vigentes en áreas tan diversas como el comercio agropecuario, la energía, la salud, el transporte, la cultura y el sistema financiero. El propósito central declarado de la iniciativa es reducir la intervención estatal, eliminar restricciones consideradas innecesarias y fomentar la competencia en los mercados.

Entre las reformas más destacadas, el proyecto introduce cambios sustanciales en la comercialización de medicamentos, habilitando la venta de fármacos recetados por canales digitales, la entrega a domicilio y la comercialización de medicamentos de venta libre fuera de las farmacias. En el sector energético, se propone un nuevo régimen para el Gas Licuado de Petróleo (GLP) que limita la intervención del Estado exclusivamente a cuestiones de seguridad, prohibiendo expresamente la regulación de precios, cantidades y márgenes de rentabilidad, lo que implica la derogación de la Ley 26.020.

En el ámbito agroindustrial, la iniciativa prevé la eliminación de las contribuciones obligatorias que financian al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) a partir de octubre de 2027, pasando el organismo a sostenerse mediante aportes voluntarios. Asimismo, se propone la derogación integral de las leyes que regulan los arrendamientos y aparcerías rurales (Leyes 13.246 y 14.432), y en el sector vitivinícola, se destaca la disolución de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) mediante la derogación de la Ley 25.849.

El anteproyecto también avanza sobre el transporte marítimo, al permitir que buques de bandera extranjera realicen libremente operaciones de cabotaje dentro del territorio nacional, con exigencias graduales de tripulación local. Además, flexibiliza el ejercicio de actividades profesionales como el corretaje y las traducciones públicas, eliminando requisitos de residencia, aranceles obligatorios y la obligatoriedad general de traducciones al castellano, permitiendo el uso de plataformas digitales.

En materia financiera y de mercado de capitales, el proyecto dedica un extenso capítulo a la modernización y digitalización del sistema. Se propone el reconocimiento de contratos inteligentes, el uso de tecnología blockchain para registros, y la emisión y negociación digital de instrumentos como warrants, pagarés y letras. Las reformas en este ámbito buscan incorporar principios de neutralidad tecnológica e inclusión financiera, ampliando las facultades de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Finalmente, la propuesta legislativa incluye la derogación de leyes históricas como la Ley de Precio Uniforme del Libro y normativas vinculadas a la industria del doblaje. Este anteproyecto representa una nueva etapa en el programa de desregulación impulsado por el Gobierno, y que busca una reestructuración profunda del marco regulatorio mediante el debate parlamentario en el Congreso.